Santo Domingo.- La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, conocerá la solicitud de medida de coerción para los implicados en la Operación Camaleón, quienes están señalados de pertenecer a una supuesta red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructuras críticas y robo de identidad.
Los implicados son el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Hugo Beras; Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del INTRANT; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del INTRANT; José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del INTRANT; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del INTRANT; y Carlos José Peguero Vargas.
Momento en que agentes penitenciarios bajan desde la cárcel del Palacio de Justicia hacia el tribunal donde conocerán la solicitud de medida de coerción a los imputados del caso Camaleón.#periódicoeldía #imputados #casoCamaleón #tribunal #JochiGoméz #HugoBeras pic.twitter.com/6d13fHkTFm
— Periódico El Día (@ElDia_do) October 8, 2024
El Ministerio Público esta representado por el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, y la encargada de litigación, Mirna Ortiz, lideran el caso.
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El Ministerio Público presentó, entre otras pruebas, un contrato fraudulento para la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo y un contrato ilegal entre el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, utilizado para usurpar funciones de organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado. También se presentó evidencia relacionada con el sabotaje a la red semafórica en agosto, todos ellos elementos clave del proceso.
Los imputados en la Operación Camaleón son investigados por actos tipificados en los siguientes artículos:
Constitución de la República Dominicana: artículo 146, numeral 1 (proscripción de la corrupción).
Código Penal dominicano: artículos 123 y 124 (coalición de funcionarios), 147, 150 y 151 (uso de documento privado), 171 y 172 (desfalco), 265 y 266 (asociación de malhechores), y el artículo 405 (estafa en perjuicio del Estado dominicano).
Ley núm. 53-07 contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología: artículos 11, 17, 27, y 28 (sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, y actos de terrorismo).
Ley núm. 17-19 sobre Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados: artículos 5, 33, 34, 35, y 36 (contrabando).
Ley núm. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo: artículos 2, 3, 4, 5, 8, 9, y 10.
Ley núm. 267-08 sobre Terrorismo: artículos 5, 8 letra F, y 26.
Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados: artículos 66, 67, y 69.
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