Santo Domingo.- El Gobierno dominicano presentó este lunes una propuesta de reforma fiscal que busca captar fondos para reducir el endeudamiento público, combatir la evasión y la elusión tributaria, eliminar exenciones y aumentar el salario mínimo del sector público, entre otros puntos.
Las autoridades también buscan recursos para continuar e iniciar trabajos de infraestructura vial, principalmente, así como para fortalecer el sector salud implementando los centros de atención primaria, para destinar unos 18.000 millones de dólares al sector eléctrico y lograr más fondos para continuar con la construcción del muro fronterizo entre el país y Haití.
El ministro de Hacienda, José Manuel Vicente, detalló los alcances de la «necesaria» reforma fiscal y aseguró que el Gobierno ha conversado con todos los sectores económicos del país antes de presentar la reforma, que depositará mañana en el Congreso Nacional (bicameral), donde el oficialismo dispone de mayoría absoluta.
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«República Dominicana destina en la actualidad 263.000 millones de pesos (unos 4.400 millones de dólares) solo para el pago de intereses de la deuda (…). Eso significa que este año se desembolsará el 22 % de los ingresos del Gobierno para este renglón», afirmó Vicente.
Se producirán ajustes en los incentivos de sectores como el turismo -la mayor fuente de divisas del país- el cine, la industria, la cadena textil y los fideicomisos de ley de mecenazgos, explicó el alto cargo en el Palacio Nacional, en presencia del presidente dominicano, Luis Abinader, y de la vicepresidenta Raquel Peña.
El Gobierno también planteó la eliminación de la deducción del gasto educativo anual «que beneficia fundamentalmente a los sectores de mayores ingresos», adujo Vicente, que también anunció un incremento en el cobro de impuestos a las personas que ganen más de 2,4 millones de pesos al año (unos 40.000 dólares).
De ser aprobada como ha sido planteada, la reforma eliminará la exención del pago de impuestos a las importaciones de hasta 200 dólares ya que esto, afirmó Vicente, representa una competencia desleal a empresas que pagan impuestos y compran insumos en el comercio local.
Asimismo, duplicará el pago único anual del derecho a circulación de los vehículos, eliminará el anticipo del 15 % que pagan las micro y pequeñas empresas, y elevaría a 40 % el pago de este impuesto para las empresas medianas y a 60 % para las grandes empresas.
Algunos de los productos de mayor consumo de la población permanecerán sin gravámenes y se aumentará el monto que cada mes otorga el Gobierno a miles de personas en condición de vulnerabilidad.
El salario mínimo del sector público pasará de 10.000 pesos (unos 166 dólares a 15.000 pesos (unos 248 dólares). Además, espera aumentar la recapitalización del Banco Central a 0,9 % del PIB, «para mantener la estabilidad económica que hemos logrado durante varios años».
Con los recursos que espera recaudar, el Gobierno planteó incorporar a más de 20.000 agentes de seguridad, construir 116 destacamentos de la Policía y remozar otros 300.
Habrá aumentos para las bebidas azucaradas con alcohol, para los cigarrillos electrónicos y para las bancas de apuestas de lotería y deportivas.
Tanto Vicente como Abinader anticiparon que, tras la implementación de la reforma, habrá cierta «desaceleración» en la economía que prevén durará un trimestre, «pero luego se verán los beneficios».
«Atacaremos la evasión de cualquier nacionalidad (…). No será atropellante, pero exigiremos el pago correspondiente, de lo contrario, habrá régimen de consecuencia para los evasores», advirtió Vicente.