EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Una reforma fiscal es el cambio que se realiza a las normas fiscales de un país y cuya transformación impacta su sistema tributario.
En la actualidad, la República Dominicana está a punto de convertirse en el escenario donde se realizará una nueva reforma fiscal, y varios sectores se han pronunciado al respecto.
De acuerdo con la tesis de grado “Impacto de las reformas fiscales en la economía dominicana (2014)», realizada por Alejandra Gil Méndez y Rocío Estévez Sánchez de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu) a mediados de 1973, se realizaron varios esfuerzos para implementar una reforma fiscal en beneficio del país, pero estos fueron en vano. Sin embargo, en 1975 se puso en marcha la Clasificación Latinoamericana Común de los Ingresos Tributarios (Clasit), aunque en años posteriores, al intentar implementar una reforma fiscal eficiente, el resultado fue un fracaso.
En 1979 se pactó una reforma fiscal en la que se implementó el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Un resultado positivo que tuvo el país, a través del Fondo Monetario Internacional (FMI), fue la instauración del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados (Itbis), que efectuó bajo la ley 74-83 de 1983.
Para el año 2004, el Gobierno de Leonel Fernández implantó la reforma fiscal Ley 288-04, cuyo objetivo fue reducir el déficit del sector público y que además estuvo en línea con los requisitos del acuerdo firmado por la República Dominicana y el FMI, Stand-By 2003.
En esa época, la reforma fiscal incluyó medidas como: Elevar la tasa del 12% al 16%, cubrir un déficit fiscal que ascendía a aproximadamente RD$24,000 millones, aumentar la tasa del impuesto selectivo al consumo de bebidas alcohólicas, no alcohólicas y cigarrillos, y un impuesto del 10% para los servicios de telecomunicaciones, entre otras pautas.
A lo largo de 2005, se instauró la reforma fiscal de la Ley 557-05, que el Senado de la República aprobó después de que el Poder Ejecutivo presentara su anteproyecto en el marco del acuerdo Stand-By de ese año con el FMI. Se tomaron medidas como: Ampliar la escala del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en personas jurídicas y físicas, elevando la tasa del 25% al 30%, y establecer una retención de un impuesto de hasta el 10% sobre los intereses pagados por préstamos con organismos del exterior, además de la ampliación del ITBIS en artículos de consumo y un impuesto selectivo a los combustibles.
En 2009, con la reforma fiscal Ley 182-09, se autorizó la retención del 5% al 0.5% de los pagos realizados por el Estado respecto al ISR y se establecieron exenciones para servicios de seguros agropecuarios. Mientras tanto, la política fiscal mostró una restricción para el pago del gasto público, debido a las recaudaciones de ingresos por debajo de lo presupuestado y otras características.
Hacia 2011, con la Ley 139-11, se puso en marcha otra reforma fiscal, atribuida a la modificación de la ley 29-06 sobre casinos y juegos de azar, la ampliación de ingresos tributarios provenientes de apuestas y juegos de azar, y otras medidas.
Durante noviembre de 2012, se creó la reforma fiscal que responde a la Ley 253-12. Cabe destacar que en 2008 el país enfrentó un déficit fiscal que superó los RD$130,000 millones, lo que llevó al Gobierno a considerar esta nueva reforma tributaria.
La misma se hizo con el propósito de incrementar la presión tributaria y, por ende, el sostenimiento fiscal. Para aquel entonces, se buscó recaudar ingresos que permitieran la reducción de gastos tributarios y el mejoramiento de la eficiencia del sistema.