Santo Domingo.- Para llevar a cabo el supuesto desfalco al Estado mediante el contrato entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre y la empresa Transcore Latam S.R.L. fue necesario establecer un esquema de responsabilidades distribuido entre seis personas.
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El dato lo establece la orden de arresto emitida por el Ministerio Público, en el que el órgano fiscalizador describe las responsabilidades específicas de cada uno de los involucrados.
En cuanto a Hugo Beras Goico Ramírez, exdirector Ejecutivo del INTRANT, el MP indica que entre agosto de 2022 y noviembre de 2023, Beras Goico dirigió y autorizó la adjudicación fraudulenta de contratos millonarios a empresas sin las capacidades técnicas requeridas.
Además, lo investiga por supuestamente ser clave en la integración de nuevas autoridades al proyecto manipulado y facilitar la participación de empresas de carpeta que desviaron recursos del Estado.
Es definido por el órgano fiscalizador como el coautor y principal facilitador de la corrupción en el manejo de la red semafórica y el sistema de videovigilancia, con participación en la orquestación del fraude en la citada licitación.
Mientras que a Frank Rafael Atilano Díaz Warden, coordinador de Despacho y Representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras del INTRANT, lo investiga por participar activamente en la adjudicación irregular de contratos.
«Aseguró que las decisiones del comité favorecieran a empresas vinculadas a la estructura corrupta. Su rol fue la manipulación de la licitación y la toma de decisiones que beneficiaron a los imputados», dice el documento del MP.
Sin embargo, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Director de Tecnología del INTRANT y además encargado de la red semafórica y de videovigilancia del Gran Santo Domingo, fue pieza clave en la coordinación técnica del fraude.
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El MP sostiene en la orden de arresto que este implicado facilitó el control de estos sistemas a Transcore Latam S.R.L., una empresa que, según el documento público, no cumplía con los requisitos legales ni técnicos.
«De igual modo adaptó la evaluación pericial en el proceso de licitación para favorecer a la empresa del entramado y tuvo una participación activa en la ejecución técnica del esquema fraudulento, comprometiendo la seguridad vial y la transparencia en el uso de fondos públicos», señala el MP.
En el caso de José Ángel Gómez Canaán (conocido como Johchy Gómez ), se le atribuye en ser el beneficiario de los contratos fraudulentos y dueño de Aurix S.A.S.
La fiscalía indica que es investigado por ser el principal beneficiario económico del esquema corrupto.
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Dice que a través de su empresa Aurix S.A.S., controló fraudulentamente los sistemas semafóricos y de vigilancia. Además, utilizó a Transcore Latam S.R.L. y Dekolor S.R.L. para movilizar fondos obtenidos ilegalmente y realizar lavado de activos.
«En consecuencia, es investigado por lavado de activos, usurpación de identidades empresariales y manipulación de fondos públicos, constituyendo una clara amenaza a la integridad financiera del Estado. Es el responsable principal del sabotaje a la red semafórica ocurrida a finales de agosto 2024, en el gran Santo Domingo», cita el MP.
Con relación a Pedro Vinicio Padovani Báez (Exencargado del Centro de Control de Tráfico del INTRANT) el MP subraya que es socio de Gómez Canaán, y fue clave en el manejo y supervisión del centro de control de tráfico.
Según la orden, tras renunciar a su cargo, colaboró de manera directa con las actividades fraudulentas de Transcore Latam S.R.L.
«Posee participación directa en el fraude licitatorio y contribuyó a la implementación de los esquemas de lavado de activos, así como en el sabotaje a la red semafórica», añade.
Y Carlos José Peguero Vargas (Socio en la red de lavado de activos) junto con Gómez Canaán fue responsable de movilizar fondos a través de INPROSOL S.R.L., desviando el dinero adjudicado a Transcore Latam S.R.L.
Además, el Ministerio Público detalle en la orden de arresto que es el encargado de los asuntos técnicos – informáticos de la estructura de vigilancia y espionaje de José Gómez Canaán y se le imputa Lavado de activos, desvío de fondos públicos y colaboración en la estructura financiera ilícita.
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