Varias organizaciones han expresado su rechazo a la modificación realizada por el Senado de la República a la Ley de Gestión de Residuos Sólidos, debido a que fue realizada sin el debido proceso de consulta pública y excluyendo a actores claves como el Ministerio de Medio Ambiente y el Fideicomiso Público-Privado DO Sostenible.
Kathia Mejía, directora ejecutiva de la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored), expresó preocupación por la modificación aprobada por el Senado a la Ley 225-20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.
La modificación fue aprobada el 8 de enero de 2024 sin el debido proceso de consulta pública, excluyendo a ciudadanos y actores claves como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Fideicomiso Público-Privado DO Sostenible, lo que constituye, una violación a los principios de participación, sostenibilidad y gobernanza que sustentan la legislación original, dijo Mejía.
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“La reforma afectará gravemente la sostenibilidad y la gestión integral de residuos, y tendrá un impacto significativo en las empresas, especialmente en las mipymes, señaló.
La directora ejecutiva de ECORED subrayó que la Ley 225-20, promulgada en 2020, es fruto de un amplio consenso entre los sectores público y privado, enfatizando que antes de considerar cambios, es crucial implementar los aspectos pendientes de la normativa vigente, según explicó.
Además, calificaron la reforma como un retroceso a los esfuerzos de más de una década por desarrollar capacidades para la gestión y valorización de residuos sólidos en el país.
La AIRD
Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) manifestó su profunda preocupación por el contenido del Proyecto de Modificación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (Ley 225-20), aprobado esta semana por el Senado de la República.
Advirtió que la reforma se realizó sin la debida consulta con los actores clave del sector y que, además, incrementa de manera desproporcionada la contribución especial que deben pagar las empresas, incluyendo a las mipymes, con aumentos que oscilan entre un?140% y un 3,750%.
Pujols, criticó la falta de diálogo en el proceso legislativo observado en esta ocasión: “El proyecto aprobado no ha sido el resultado de un diálogo participativo y plural, como es debido en una legislación de tanta complejidad técnica. Un proceso de consulta hubiera permitido una normativa más equilibrada y justa”.
Asimismo, el gremio calificó como inquietante que el Ministerio de Medio Ambiente y el Fideicomiso Público-Privado para la Gestión Integral de Residuos Sólidos no fueran convocados a estas discusiones, a pesar de su rol fundamental en la implementación de la ley.
“En estos primeros cinco años de aplicación de la Ley 225-20, estas instituciones han acumulado una experiencia valiosa que pudo haber servido para mejorar el marco normativo. Excluirlas del debate es una omisión preocupante”, añadió Pujols.
El ejecutivo recordó que con el Senado han tenido los mejores ejemplos de interacción abierta y participativa, como fue el caso del Proyecto de Ley de Centros Logísticos, donde, atendiendo a diferencias de criterios existentes entre los actores impactados por la misma, se abrió un espacio de intercambio que derivó en una legislación que hoy es referencia regional sobre el tema.
Codopyme
La Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme lamentó que esta reforma haya sido realizada sin un proceso adecuado de consulta pública ni una representación equitativa de los sectores productivos en las discusiones. La ausencia de voces claves refleja una falta de inclusión que pone en riesgo los principios de gobernanza, sostenibilidad y participación que sustentan esta ley.
Las modificaciones propuestas, que contemplan incrementos desproporcionados en la contribución especial de hasta un 3,750%, generan serias preocupaciones para las micros, pequeñas y medianas empresas, que representan la columna vertebral de la economía nacional.
Estas cargas adicionales no solo reducirían su competitividad, sino que también afectarían su capacidad para sostener empleos y contribuir al desarrollo económico en un momento de grandes desafíos.
La Ley 255-20 fue promulgada en octubre de 2020 tras un proceso de consenso entre los sectores público y privado, con el objetivo de promover una gestión eficiente de los residuos sólidos y avanzar hacia la sostenibilidad. Antes de considerar reformas de este tipo, es necesario priorizar la correcta implementación de los aspectos pendientes”, precisó.