Santo Domingo.-La reciente publicación de la Política de Protección de Datos del Poder Judicial hecho por la Suprema Corte de Justicia se encamina a convertir en anónimos los procesos judiciales, privando a la población de la posibilidad de identificar a los actores de los mismos.
En términos prácticos, las acciones judiciales disponibles para el público no podrán hacer referencia a los nombres o apodos de las personas envueltas en el mismo.
La decisión del Poder Judicial se sustenta en un interés por proteger datos personales de los involucrados en un proceso, pero el alcance de su decisión pasa a convertirlos en anónimos para la población.
Pero además, la Suprema Corte de Justicia se abroga la autoridad de determinar cuándo se puede levantar el velo de la identificación de las personas involucradas en un proceso judicial.
El documento establece la anonimización de datos personales como regla general en las decisiones judiciales que se publican o están disponibles para terceros, aunque no lo hace con los datos de jueces, abogados y fiscales, ni aquellos que correspondan a razones de interés público o mandatos legales explícitos.
Aunque el mismo documento indica que estas disposiciones buscan equilibrar privacidad y transparencia, su aplicación práctica dependerá de interpretaciones específicas que podrían ser cuestionadas.
La anonimización de datos podría generar dificultades para periodistas y medios de comunicación, especialmente en la cobertura de casos de alto interés público. Los detalles clave, como nombres de imputados o víctimas, suelen ser esenciales para proporcionar un contexto completo y fomentar el escrutinio público sobre el sistema judicial.
Sin esta información, los reportajes podrían volverse fragmentados o carecer de profundidad.
El documento en cuestión indica que su ámbito de aplicación alcanza la propia Suprema Corte de Justicia y todos los órganos jurisdiccionales del país.
El documento instruye a que “se debe realizar con cada una de las decisiones judiciales que vayan a ser objeto de publicación o entrega a terceros una labor pormenorizada de identificación de los datos personales, para poder proceder a su disociación o anonimización.
Para ello, lo primero que habrá que realizar es identificar a aquellas personas físicas cuyos datos personales aparecen en las decisiones”.
Garantía
— Política
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, sostuvo que la implementación de la política es fundamental para garantizar que la innovación y la digitalización no se conviertan en amenazas para los derechos fundamentales.
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